El IPN en el marco de la crisis neoliberal del «bono demográfico»

Publicado el Sábado 29 de agosto de 2015 en 

César Iglesias*

Entre los principales méritos alcanzados por el movimiento estudiantil de 2014 en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encontró poner al descubierto que la institución atraviesa por una profunda crisis, generada por el choque de un contraproyecto de orden neoliberal y el proyecto fundacional cardenista, que compromete de forma nacionalista al instituto con México.

Nuevamente, como producto de la política neoliberal, la gran mayoría de los jóvenes que intentaron ingresar a la educación pública superior o universitaria han sido rechazados. Casi 90 por ciento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y aproximadamente 75 por ciento en el IPN.

Este alto porcentaje de exclusión coloca a nuestro país en los últimos lugares de la Organización de Cooperación y Desartrollo Económicos (OCDE), sólo Turquía e Israel están peor. Para el proyecto de un México neoliberal los jóvenes no importan, más que como fuerza de trabajo técnica y barata. Esa es una de sus principales ofertas para la economía mundial contemporánea.

Según el Informe Panorama de la Educación 2014, de la OCDE, México es el único país en que los jóvenes de entre 15 y 29 años dedican más tiempo de su vida a trabajar que a estudiar. La misma OCDE, en su estudioPerspectivas del empleo, ha señalado que los mexicanos son los trabajadores con la jornada laboral anual más larga, a la vez que son los que menos ganan. Peor aún, México tiene la más grave situación para jóvenes excluidos de la educación y del mercado laboral. El más agudo impacto lo reciben las mujeres: alrededor de 33 por ciento de las mexicanas de esa edad no tienen acceso a la educación ni trabajan. La cifra equivale al doble del promedio en los países de la OCDE. Este escenario representa un insensato despilfarro delbono demográfico.

A partir del año 2000, México ingresó a una fase en la cual el porcentaje mayoritario de la población ha quedado integrado por jóvenes. Pero en lugar de generar una política estratégica que garantice que la mayoría sea altamente capacitada, lo que permitiría producir una fuerza de arrastre para impulsar el desarrollo tecnocientífico y económico nacional, la política neoliberal deja fuera de la educación superior a casi todos. El proyecto de un México neoliberal significa que, entre el 2015 y el 2020, la oportunidad del bono demográfico se cerrará por décadas. Luego de ese quinquenio, el grueso de la población tendrá más de 20 años, pero serán adultos sin estudios de nivel superior. Es la apuesta por un México de pobres y desigualdad creciente, mínimo hasta 2050.

Una institución como el IPN necesita reconocer el riesgo histórico del colapso del bono demográfico. Recuperar su proyecto fundacional cardenista y ponerlo a la altura del nuevo siglo.

En contraste con su Ley Orgánica –que, en su artículo 3 plantea el compromiso de garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos–, el IPN prácticamente no está ampliando su matrícula de ingreso. Según informes de autoridades del IPN ( La Jornada, 27/07/15), en 2104 recibió a 23 mil estudiantes en sus 67 carreras. Ahora, han ingresado 23 mil 349, es decir, en referencia al total de solicitudes de ingreso (87 mil 789), el IPN sólo incrementó su matrícula en aproximadamente 0.39 por ciento. Ni siquiera un punto porcentual.

Aunque por supuesto la desbordan las necesidades reales, la UNAM, en el curso de la pasada década, ha abierto alrededor de 60 mil nuevos espacios. ¿Acaso el IPN no podría realizar un esfuerzo estratégico mínimamente similar?

El movimiento estudiantil 2014 firmó con el gobierno federal (en el Acuerdo 8, numeral 4) el acuerdo explícito de incrementar en al menos 350 millones de pesos, perobuscando llegar a 400 millones, el presupuesto del IPN para 2015. Pese a esto, este año se exigió a las diversas unidades académicas una estricta política de austeridad. Pregunta inevitable: ¿qué está pasando con este compromiso firmado entre representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) y el gobierno federal? ¿Se cumplió el aumento del presupuesto politécnico?

Los jóvenes no son responsables de la crisis en el sistema educativo. Enrarece el ambiente la política de descalificación desplegada por las autoridades politécnicas.

Se ha hecho público que, en las anteriores dos décadas, cerca de 10 por ciento del ingreso al IPN sucedió por recomendación de miembros de la clase política o directivos. Es delicado que el director general del IPN haya tratado como idéntico a esa grave irregularidad el cumplimiento de lo que es un derecho formal de los empleados politécnicos. Desde 1982 existe el derecho de inscripción preferencial para hijos y cónyuges de trabajadores politécnicos. La actual administración incluso lo ratificó, en el marco de la revisión salarial 2015-16, en el acuerdo 25 para docentes y en el acuerdo 64 para personal de apoyo a la educación. La política de descalificación está dirigida a incumplirlo. El Politécnico no es la única institución que cuenta con un derecho formal de este tipo.

Los movimientos juveniles que cuestionan la exclusión de la educación están por cumplir una década. Los padres de familia descontentos sostienen que muchos jóvenes cuentan con alto promedio y la cantidad de aciertos adecuada para ingresar a nivel medio superior, pero están rechazados. La situación requiere esclarecerse.

Sería muy positivo que las autoridades politécnicas aceptaran la insistente petición que se les ha presentado en la Mesa de Diálogo por parte de la AGP: proporcionar el padrón de estudiantes inscritos en todas las unidades académicas del IPN. Deben demostrar a la comunidad politécnica y a la opinión pública que, efectivamente, existen los estudiantes que conforman la matrícula politécnica. De otro modo se volvería muy aguda la interrogante: ¿en qué se gasta el presupuesto del IPN? El derecho a la educación demanda transparencia. Urge apuntar a revertir el despilfarro histórico del bono demográfico y la crisis de exclusión que se cierne sobre la juventud mexicana.

* Profesor de la ESCA Tepepan

autonomiaipn@gmail.com

IPN: abrir la ventana al porvenir

publicado el Sábado 28 de febrero de 2015 en

Erika Celestino* y César Iglesias**

No podía ser más atinada la evaluación que al cierre de 2014 presentó Hugo Aboites, rector de la UACM, sobre el profundo contraste histórico entre la huelga 1999-2000 de la UNAM y el paro estudiantil 2014 del IPN. Mientras la protesta en la UNAM duró nueve meses y terminó con mil estudiantes en la cárcel, el movimiento espontáneo estudiantil politécnico paró el instituto por tres meses y obtuvo un Congreso Nacional (CNP) con carácter resolutivo y refundacional. Ayotzinapa fue la clave de ese contraste histórico. El escenario nacional, sobre la acumulación durante década y media de una enorme cantidad de agravios contra la juventud mexicana por los impactos de una política neoliberal que la condena al olvido, el desempleo y la violencia decadente de la economía narco, no permitió que se desplegara represión sobre el movimiento politécnico. La coyuntura nacional ha abierto una ventana de oportunidad inédita para la historia del IPN: la posibilidad de su democratización global. Lo que –si se habla en serio– significa independencia del Poder Ejecutivo, elección mediante votaciones de la comunidad politécnica de directivos (desde el director general hasta los directores y subdirectores de las escuelas) y conformación de consejos paritarios que doten a estudiantes y profesores de capacidad real de intervención en la toma de decisiones. Sólo así demos (la comunidad politécnica), podrá ser genuinamentekratos (una autoridad política efectiva). Ese es el reto de alcanzar la autonomía democrática para el IPN del nuevo siglo.

Esta coyuntura nacional es justo la que no entienden fuerzas políticas de la derecha politécnica que insisten en mano dura, en su afán de pretender acceder a la dirección general desestabilizando el IPN. Son incapaces de entender que cualquier intento de represión detonaría la respuesta inmediata del movimiento estudiantil de múltiples universidades a escala nacional. Apuntaron a confundir a la opinión pública, cuando plantearon que en la ESIA Zacatenco fue designado un nuevo director con base en un procedimiento que viola la normatividad vigente del instituto. ¡Falso!

En la ESIA sucedió un acontecimiento sumamente positivo para la democratización del politécnico, un suceso inédito en nuestra historia política. Luego de la exigida renuncia del ex director de la ESIA, Pino Durán –quien con su política neoliberal detonó el inicio del movimiento estudiantil–, en protesta al nombramiento de un miembro de su equipo como sucesor, en asamblea general la comunidad estudiantil, docente y no docente, con base en el ejercicio de votaciones democráticas, conquistó espontáneamente su derecho a elegir la terna de candidatos para la dirección. Esa terna no se definió en el Consejo Técnico, o sea al margen de la comunidad, se integró con base en un ejercicio ejemplar de democracia espontánea pero real.

Pretendiendo cerrar paso a las amplias demandas de democratización del IPN, se descalificó demagógicamente ese proceso como si hubiera sido violatorio de la ley orgánica. Nada más falso. La legislación exige que cuando se designa director interino sea nombrado por el director general, para nada prohíbe que un director interino sea nombrado a partir de admitir la terna de candidatos que democráticamente elija la comunidad de una escuela superior. Sólo a una mirada históricamente obtusa se le ocurriría que no hay que generar equilibrios. La experiencia política de la ESIA Zacatenco es ejemplar: en ella las demás escuelas tienen un prototipo de democracia real.

El IPN del siglo XXI únicamente nacerá si se dejan atrás las prácticas del verticalismo autoritario que definieron al IPN del siglo XX. El principal desafío del CNP reside en formalizar los procedimientos democráticos de elección de directivos y garantizar su cumplimiento regular con base en una nueva ley orgánica. Para avanzar en ese rumbo, es decisivo el modo en que se organice el CNP. Si el CNP se organiza ampliamente con base en principios de democracia real, de él podrá emerger el proyecto refundacional de democratización global del IPN.

Para hacer de la democracia real fundamento permanente del CNP, cabe poner énfasis en dos factores históricos cruciales.

Primero, lo más sano sería que la representación al CNP fuera lo más amplia posible, le imprimiría mucha fuerza histórica. La propuesta que desde la ESIA ciertas fuerzas políticas han planteado es muy atinada: cinco estudiantes – cinco docentes – dos no docentes. Es decir, cuatro representantes estudiantiles de licenciatura (dos por cada turno), más uno del posgrado; cuatro representantes docentes de licenciatura (también dos por cada turno), más uno del posgrado; y dos no docentes. De ninguna manera constituye una representación que suscite inviabilidad. Dotando a todas las escuelas superiores de idéntico estatus de legitimidad, una representación de esta medida sí corresponde a un CNP operativo, con debates amplios y fundamentados que garanticen pluralidad. Da sustento a la creación de una nueva ley orgánica.

Segundo, la dialéctica de la relación entre representantes y representados requiere ser real. La democracia formal –elegir representantes que se distancian de sus bases– sería peligrosamente contraproducente. Los representantes no deben tomar decisiones por sí mismos, al margen de las bases. La organización del CNP necesita garantizar la exigencia de que los representantes sean promotores y genuinos voceros de debates fundamentados en sus escuelas. La voz de los representantes debe expresar la toma permanente de decisiones sustentada en asambleas o consejos de representantes.

La coyuntura nacional e internacional del México contemporáneo es muy compleja. La democratización del IPN constituiría un significativo paso histórico adelante. Las fuerzas democráticas del IPN y su comunidad están convocadas a abrir una ventana de oportunidad al porvenir.

* Profesora de la ESE

**Profesor de la ESCATepepanautonomiaipn@gmail.com

Rectores y Ayotzinapa

 Hugo Aboites*

Publicado el Sáb, 15 nov 2014 09:17

En 1968 el rector Barros Sierra marchó por la avenida Insurgentes de la ciudad de México en defensa de la UNAM y, con eso, desafió al presidente Díaz Ordaz. Posteriormente, sin embargo, los rectores sólo excepcionalmente llegaron a adoptar una posición crítica, de abierta defensa de su institución o solidaria con una causa social importante. En no pocas ocasiones, hasta se manifestaron en contra. Pero sobre todo, guardaron silencio. En el 68 ningún otro rector quiso o pudo cuestionar la muerte de cientos de estudiantes en Tlaltelolco. Pero con Ayotzinapa, en 2014, uno tras otro, los rectores están comenzando a hablar.

Muchos por voluntad propia, otros por exigencia de sus comunidades, pero se están sumando al apoyo a Ayotzinapa. En la Universidad Veracruzana, la rectora externó su solidaridad; en Sinaloa, el rector encabezó una marcha y, por los asesinados, colgó un listón negro en la puerta de la universidad, y en la UPN ciudad de México también el rector hizo un pronunciamiento público. La Anuies se ha manifestado, pero también lo han hecho rectores de universidades como la del estado de México, la de Morelos, la Unisur, la Iberoamericana, la UAM-Azcapotzalco y la UACM ( La Jornada, 7 y 8/11/2014).

El despertar de los rectores es señal de un cambio de época. Si lo fue en el 68, más ahora. En aquel entonces, los estudiantes se enfrentaron a un Estado autoritario, y con eso el país se transformó, cientos de miles pudieron ir a la universiad. En 2014, la confrontación es más profunda; el dolor y la indignación, auténtica y humana, la de los más pobres, encara a un Estado cada vez más asentado sobre la corrupción, la convergencia con los intereses de grandes empresarios y la industria de la droga, la violencia, los discursos vacíos, los acuerdos innombrables, la falta generalizada de ética. Es este un encuentro frontal entre la descomposición y la muerte, por un lado, y por otro, la ética de la vida y de la urgente necesidad de transformarlo todo. En esta confrontación, la universidad puede jugar un papel clave. Sus rasgos de autonomía, conocimiento, espacio de jóvenes, la hacen estratégica. Desde ella es más fácil manifestar –desde el seno mismo de la sociedad y con independencia del Estado– una visión distinta y más cercana a lo que realmente está ocurriendo. Y esto le da a las posturas éticas un fundamento que difícilmente pueden ofrecer otros ámbitos sociales, atados como están a la rueda de molino que es el Estado actual. Sobre todo porque el sector educativo, en general, y el universitario en particular, tiende a responder a los desafíos de la realidad de manera casi instintiva con ejercicios de reflexión: foros, documentos, artículos, libros, debates y pronunciamientos. Y también, con una importante capacidad de solidaridad y movilización.

Las universidades han sido y continúan siendo un referente social porque se mueven en torno a una alta expresión humana, el conocimiento; tienen la posibilidad de ensayar ejercicios muy distintos del poder y tienen una fuerte vocación ética, de libertad y tolerancia. Por eso, en el actual contexto de radical interpelación al Estado, el silencio de comunidades y autoridades universitarias niega de manera radical y profunda el sentido mismo de universidad. Rehúye también la responsabilidad social que tiene porque su existencia y autonomía es fruto de luchas y sacrificios, como también lo es su independencia y el derecho a pronunciarse crítica y fundadamente frente a la nación. Cuando el propio gobierno en cadena nacional admite que fueron fuerzas del Estado las que entregaron a 43 jóvenes estudiantes a un eficiente escuadrón de la muerte, una suerte de paramilitares, y la universidad permanece silenciosa, falta a su obligación de fortalecer lo que deben ser los acuerdos constitutivos de una nación, la preservación de derechos humanos básicos. Cuando calla, abandona el papel de espacio crítico que tiene y rompe con su propia legalidad: sus leyes hablan del compromiso de responder a los grandes problemas y desafíos de la nación. Pero niega, además, el derecho y obligación que tienen comunidades y autoridades universitarias a pronunciarse por la defensa de sus propias instituciones y, sobre todo, de la educación pública civilizatoria. Si no, todas las instituciones están en riesgo.

Más allá de su propia seguridad, las autoridades y comunidades universitarias deben fortalecer la voluntad (y la necesidad) que muchos sienten cada vez más de dar paso a un cambio de época. La crisis hace más fácil demostrar la urgencia de establecer una nueva relación –ya no de subor­dinación– con el Estado; otra manera de llegar al poder y ejercerlo, de garantizar la seguridad de todos; otro modo de plantear la economía en el campo y la ciudad, otras relaciones entre clases y culturas y el medio ambiente y, una vez más, la educación. Si no se quiere seguir avanzando hacia la descomposición, en todos estos ámbitos toca hacer cambios inmediatos, pequeños tal vez pero significativos. En la educación, evidentemente, y por poner sólo un ejemplo, la autonomía plena para el IPN. Y, por supuesto, y sobre todo, conseguir cuanto antes verdad y justicia para Ayotzinapa.

* Rector UACM

La autonomía politécnica y el efecto espantapájaros

Publicado el 15 Noviembre del 2014 en diario La Jornada

Érika Celestino y Vianey Ramírez

En epistemología, efecto espantapájaros es el término que se usa para nombrar aquella táctica que, a partir de deformar lo que una posición formula, genera la imagen falsa de que la supera. Es sumamente importante que la opinión pública y la comunidad politécnica perciban que, apenas apareció la viabilidad de la autonomía democrática para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) del siglo XXI, ciertas fuerzas políticas, evidenciando su enorme atraso histórico –por delante aquellas vinculadas a organizaciones porriles–, lanzaron una campaña de deformaciones para atemorizar, presentando la autonomía democrática como riesgo para el instituto.

No hay que identificar esas fuerzas para nada con las posiciones democráticas que tienen inquietudes y preguntas legítimas sobre la autonomía democrática. Cuando en el pliego petitorio emergió la demanda de votaciones universales para elegir al director general (DG), hizo nacer la demanda de autonomía. Ya no va a desaparecer nunca de la perspectiva de la comunidad politécnica. La democracia nunca será una amenaza para México o el IPN. Quienes así la presentan no pueden dejar de evidenciarse: si se niegan a distinguir la autonomía basada en la verticalidad de la autonomía sustentada en la democracia es porque se aferran al régimen de poder disciplinario del IPN del siglo pasado.

Se cierran a entender que la mejor forma de dotar de estabilidad y desarrollo estratégico al IPN hoy reside en brindar legitimidad al nombramiento legal de los funcionarios que ocupan las posiciones principales de su estructura administrativa.

Haciendo uso y abuso del efecto espantapájaros, varias son las desfiguraciones sobre el proyecto de autonomía democrática. Desmontemos aquí dos que son centrales.

Primera deformación: la autonomía democrática es una amenaza política para el IPN. Sosteniendo que si se instalan votaciones para elegir DG, el IPN importará la corrupción que rige al sistema electoral mexicano y se degradará, esta posición introduce un falseamiento y un olvido. La corrupción siempre puede suscitarse en todo procedimiento electoral, pero suponer que los estudiantes son menores de edad y siempre serán corrompibles no deja de revelar el toque de perspectiva patriarcal con que se les mira. Falso: los estudiantes son mayores de edad, con derecho a desarrollarse políticamente y elegir no sólo DG, sino todos los altos cargos del IPN, además de directores y subdirectores de las escuelas superiores.

Pero la piedra angular del proyecto de autonomía democrática –que no por casualidad se olvida mencionar– reside en la propuesta de conformación de consejos técnicos paritarios y, ante todo, en la integración inédita de un consejo general paritario. La mitad de estudiantes y la mitad de docentes en la conformación de nuevos órganos de gobierno dotaría a la comunidad politécnica de capacidad real para intervenir en la toma de decisiones.

Segunda deformación: la autonomía democrática es una amenaza para la economía del Poli. Al plantear que la autonomía sería sinónimo de pérdida de derecho a la educación gratuita porque cambiaría la ley orgánica, se falsea la distinción entre órganos desconcentrados y descentralizados. La autonomía haría del IPN una entidad descentralizada, es decir, no subordinada jerárquicamente al Poder Ejecutivo ni a la Secretaría de Educación Pública (SEP). De ningún modo significa que perdería su presupuesto federal, menos aún llevaría al Poli a ser un instituto que viole la Carta Magna. El derecho que estatuye la gratuidad de la educación pública está en el artículo tercero constitucional, al que toda reforma de la ley orgánica del IPN debe responder.

Más aún: sin autonomía, todo aumento al presupuesto del IPN es en sumo vulnerable. Mientras no exista autonomía, lo que por un lado se dio por otro puede perfectamente quitarse. La Secretaría de Hacienda controla y autoriza todos los recursos, incluidos los autogenerados. Cuenta con la autoridad para no regresarle, en la medida que lo defina, sus recursos al IPN. La lucha por el aumento presupuestal para la educación politécnica sólo podría garantizar su efectividad si se alcanza la autonomía democrática. La democracia económica sólo es realizable si se sustenta en democracia política: justo la función de los consejos paritarios sería velar que el aumento del presupuesto no se vaya hacia arriba, sino hacia políticas estratégicas de seguridad educativa, basificación digna de docentes y desarrollo de la infraestructura politécnica con tecnologías del siglo XXI.

El IPN es la única institución educativa pública de México que, pese a ser una de las más importantes de nuestra historia, no es autónoma. En el siglo XXI, esa carencia genera inestabilidad política y vulnerabilidad de su proyecto fundacional. La democratización del IPN ha surgido como una demanda irreversible. Alcanzarla exige contrarrestar el efecto espantapájaros, que pretende cerrar una oportunidad histórica que ahora es reto del Congreso Nacional Politécnico.

autonomiaipn@gmail.com

Bolivia: lecciones memorables para la autonomía democrática del IPN

 

Publicado en La Jornada 14 octubre 2014

Erika Celestino* y César Iglesias**

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentra ante una encrucijada histórica ineludible: mantenimiento a largo plazo de un sistema que designa director general sin votación libre, universal y secreta, o tránsito hacia la autonomía democrática. Es insostenible que los mexicanos tengamos derecho a elegir presidente de la República, pero los politécnicos no para elegir director general.

Sin duda, existen fuerzas políticas dentro del IPN interesadas en generar un escenario basado en lo que Wallerstein llama principio de Lampedusa: simular que todo cambia para que todo siga igual. Peor aún, el riesgo de un director general que dé juego a las organizaciones históricas porriles está en curso. De darse, se produciría una auténtica regresión histórica. El IPN debe ser llevado a convertirse en una institución del siglo XXI. Siendo una de nuestras instituciones educativas más importantes, podría transitar al reconocimiento de su mayoría de edad.

Para explorar que la oportunidad histórica actualmente abierta consiga concretarse, el IPN enfrenta el desafío de edificar un proyecto propio de autonomía. Que contribuya a desarrollar la autonomía en la historia del sistema educativo mexicano. Entre las respuestas para oponerse a la autonomía politécnica se encuentra que ni las universidades de Europa ni las de Estados Unidos cuentan con autonomía. Para anhelar y vislumbrar la viabilidad de la autonomía democrática no hay que mirar hacia el norte, sino hacia el sur. Hay que mirar el futuro, pero desde dentro del pasado y el presente de América Latina.

Si se lanza una mirada de ese orden, emerge que en la historia de América Latina la autonomía democrática para las instituciones educativas no es un anhelo; ya existe, con una trayectoria nada corta, que cuenta con vigorosos alcances. Ese pequeño rincón del mundo, Bolivia, arroja lecciones memorables. Desde hace 33 años, sus 11 universidades públicas –con la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Gabriel René Moreno al frente– ejercen el derecho de votación libre, universal y secreta de su comunidad estudiantil y docente no sólo para elegir rector, sino vicerrector. Más aún, con base en votaciones democráticas se designan directores académicos de las facultades y directores de carreras –una facultad puede incluir diversas licenciaturas–.

Sumamente importante: todas las universidades públicas de Bolivia cuentan con consejos paritarios en todos sus niveles. Dando lecciones avanzadas de democracia, el consejo universitario es paritario. Lo conforman un número de profesores igual al número de facultades, más dos estudiantes de cada una de ellas, Decanos, un representante de la Federación Universitaria Docente, dos de la Federación Universitaria Local, más el rector y el vicerrector. Plataforma esencial de su autonomía democrática: cada facultad y carrera tiene consejos paritarios, están integrados por 50 por ciento profesores y 50 por ciento alumnos. Los directores de carrera y académico, y hasta el decano, miembros de estos órganos de gobierno, se nombran mediante votaciones. Muy destacado: los funcionarios no forman parte de estos consejos paritarios.

Sobre la base de su autonomía política, la Constitución otorga amplios poderes de autonomía administrativa a las universidades públicas bolivianas: el consejo universitario, el consejo facultativo (es decir de cada facultad) y el consejo de carrera aprueban el plan operativo anual y el presupuesto correspondiente. A través de los consejos paritarios, la comunidad estudiantil y docente interviene, con todo derecho legalmente reconocido, de modo directo y eficaz, en el diseño de proyectos de canalización del presupuesto federal que se les asigna y de política de contratación de profesores. Velan por su ejecución práctica.

Por si fuera poco: en Bolivia existe el impuesto directo a hidrocarburos. Los combustibles fósiles reciben un impuesto de 5 por ciento que, sin mediación de aprobación alguna, se asigna directamente al desarrollo del sistema educativo público nacional.

No es desde el triunfo de Evo Morales: es de mucho atrás que el movimiento estudiantil alcanzó las victorias para edificar la autonomía democrática en las universidades públicas. La alcanzaron desde 1930. Tuvieron dos interrupciones, 1972-78 y 1980-81. La autonomía democrática de las universidades públicas esta formalizada en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, pero en la anterior Constitución también estaba reconocida.

Bolivia importa como constatación de que la autonomía democrática es viable y posible. De que el nombramiento legal de directivos dota de estabilidad y equilibrios de largo plazo a una institución que se basa en la legitimidad democrática. El IPN debe producir su proyecto de autonomía. Mirar con perspectiva el IPN del siglo XXI permitiría reconocer que la autonomía democrática llevaría esta institución a dar un gran paso adelante en la historia de México.

*Profesora ESE-IPN

**Profesor ESCA UT-IPN

autonomiaipn@gmail.com

 

Democratización y autonomía, los retos del Congreso Nacional Politécnico

 

Publicado en La Jornada 9 noviembre 2014

Joel Guerra*

Entre las instituciones educativas más importantes de México, la única que no es autónoma es el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Eso no puede seguir así. No es una institución menor de edad, su autonomía constituye una carencia de primer orden. Para impedir que la oportunidad inédita actualmente abierta se cierre, hay que diferenciar críticamente tres escenarios: escenario de Lampedusa, autonomía como simulacro y autonomía democrática.

Escenario de Lampedusa, simular que todo cambia para que todo siga igual, es al que empujan fuerzas políticas interesadas en una regresión histórica, presionando por el nombramiento de un director general (DG) que dote de marco de acción a las organizaciones porriles. Esa posición busca confundir, difunde la idea de la democracia como lastre. Hay que replicarle: no hay mejor terreno para el desarrollo educativo que la democracia.

Escenario demagógico: la autonomía como simulacro podría aceptar y hasta propulsar votaciones para elegir DG, pero nada más. Lo haría para dar gato por liebre; para recrear la estructura vertical de poder bloqueando la democratización auténtica del instituto. Este escenario podría continuar con el proyecto de restructuración neoliberal del IPN, buscando volverla una institución con fines de lucro –como planteaba el derrotado nuevo reglamento para Canal 11. Este escenario también lo pueden impulsar las organizaciones porriles, que buscarían cobertura con un nuevo DG metamorfoseándose y dejando de usar sus anteriores membretes.

La autonomía democrática constituye una oportunidad efectivamente abierta, pero por definirse. A todas las fuerzas –a excepción de las organizaciones porriles– les convendría un escenario en que el nombramiento legal del DG se sustente en la legitimidad democrática. Generaría estabilidad y desarrollo estratégico del IPN a largo plazo. Para que la autonomía democrática pueda alcanzarse y no prepondere ninguno de los dos primeros escenarios, la pieza clave será el fundamento político y la estructura programática del Congreso Nacional Politécnico (CNP). Su diseño será históricamente decisivo. Para avanzar hacia la autonomía democrática, el CNP tendría que sustentarse en la democracia real. Proponemos a debate tres peculiaridades estratégicas para dotarlo de ese carácter: 1) todas las fuerzas políticas democráticas deberían estar reconocidas e incluidas. Los representantes tendrían que ser elegidos con votaciones transparentes y amplias. 2) Para que la relación representantes/representados sea genuina, el CNP debería mantener una fértil relación con congresos locales –en cada escuela– donde se discutan a fondo los grandes temas que definirán el futuro IPN. Los representantes deberán expresar la postura de su comunidad, no la personal. De no hacerlo, serían removibles. 3) Heredando las lecciones más avanzadas de democracia en América Latina, cada escuela debería ser reconocida con idéntico estatus de legitimidad, sin ventajas para una por encima de otras, por lo cual proponemos que cada escuela tuviera para el CNP 11 representantes: cinco estudiantes, cinco docentes y uno no docente. Democracia real como fundamento del CNP.

El diseño programático del CNP tendría que poner a debate cada uno de los ejes de la democratización general del IPN. Para producir la autonomía democrática la clave sería debate a fondo de tres ejes: 1) alcances e impactos de autonomía política democrática. No basta votación para elegir DG, al menos deberían elegirse así secretario general, secretario académico y, ante todo, abogado general. Todos estos cargos deben rendir cuentas. Altamente prioritario: debate sobre la conformación de un consejo general paritario y consejos paritarios en la escuelas superiores (50 por ciento estudiantes, 50 por ciento docentes, dejando atrás la mayoría automática para los directores, ya que no deberían formar parte de ellos los funcionarios). 2) alcances e impactos de la autonomía administrativa democrática. No basta que el IPN maneje por fin su presupuesto sin depender de Hacienda. Los consejos paritarios deberían ser órganos para garantizar que el presupuesto se canaliza hacia abajo, en beneficio de la comunidad. 3) la discusión de autonomía educativa democrática llevaría a la evaluación de los programas de la educación media superior y superior para desmontar los efectos regresivos del proyecto neoliberal sobre ellos, de modo que el espíritu fundacional cardenista oriente nuevos planes con perfil nacionalista y humanista. El CNP debe abrir espacios para ponencias de invitados de dentro y fuera del IPN para exponer proyectos de fondo de autonomía democrática y discutirlos.

El CNP tiene el reto de ser un congreso refundacional, esto es, que herede el proyecto fundacional cardenista del IPN, pero para ponerlo a la altura de los retos del siglo XXI. Tiene el reto de sustentarse en la democracia real y poner a debate en todos sus alcances la potencialidad histórica a la mano de la autonomía democrática para el IPN del nuevo siglo.

*Doble presea Lázaro Cárdenas. Doctorante en ciencia política. Profesor de la ESE.

autonomiaipn@gmail.com

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/09/opinion/021a1pol

El colmillo que intenta desgarrar el movimiento del Poli

Publicado en el semanario Proceso el domingo, 5 octubre 2014

Santiago Igartúa

El gobierno federal desplegó una amplia baraja de estratagemas para desactivar la reciente manifestación politécnica: todo indica que desató una “guerra sucia” de baja intensidad para deslegitimar el movimiento, que preparó a conciencia la “aparición improvisada” de Miguel Ángel Osorio Chong en el mitin del 30 de septiembre y que la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante se había fraguado incluso antes de que los estudiantes entregaran el pliego petitorio. De hecho, la probable salida de la directora general le beneficia al gobierno, que ahora podrá colocar a un priista al frente del Poli.

Una vez más, como lo hizo el movimiento #YoSoy132 en los tiempos en que se gestó el regreso del PRI a la Presidencia, la organización estudiantil consiguió desestabilizar al grupo de poder que encabeza Enrique Peña Nieto y activó el mecanismo de gobierno que ha intentado desmovilizarlo a toda costa.

Desencadenado por la aprobación de un reglamento interno que transgrede el proyecto fundacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aprobado la madrugada del miércoles 24 de septiembre, en armonía con las reformas a sus planes y programas de estudio, el movimiento estudiantil se propagó en cuestión de horas. Desconocidos como alumnos por la directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante, los estudiantes se movilizaron en redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosPolitécnico. No hubo un tema más comentado en el ciberespacio del país.

La inconformidad estalló en las calles el jueves 25 con la participación más grande de politécnicos en casi 30 años. Comenzó a replicarse la historia del “viernes negro” de mayo de 2012 que, ante las protestas en su contra, llevó a Enrique Peña Nieto a ocultarse en los baños de la Universidad Iberoamericana y a los universitarios del país a unirse en la indignación.

La autoridad universitaria se vio obligada a retroceder y ofreció una solución parcial, aplazando la aplicación de los planes de estudio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), génesis del conflicto, pero éste la había rebasado. El IPN se fue a paro casi en su totalidad

La repercusión del estallido estudiantil fue tal que no habían pasado 24 horas cuando el subsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ofreció como mediador en el asunto académico, haciendo suya la agenda de la Secretaría de Educación Pública, dependencia a cargo de Emilio Chuayffet.

Reconocido el movimiento por las esferas más altas del poder, con el día más emblemático de la lucha estudiantil nacional en puerta, comenzaron a circular miles de volantes impresos y versiones electrónicas entre el estudiantado politécnico. En nombre de los “compañeros del Poli”, la consigna era no asistir a la marcha del 2 de octubre, rechazar el apoyo de organizaciones sociales y sindicales y desconocer a los colectivos de estudiantes activistas, a los que se calificaba de terroristas y manipuladores.

Se intentó desactivar la participación de los colectivos más representativos al interior del IPN: el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y la Coordinadora Estudiantil Politécnica (CEP), desde donde se inició la pelea que dio vida al movimiento actual.

El domingo 28 de septiembre, la Asamblea General Politécnica decidió marchar a la Secretaría de Gobernación  (Segob) la tarde del martes 30 a presentar un pliego petitorio sustentado en abrogar el reglamento interno y los planes y programas de estudio, a lo que sumaron demandas históricas del movimiento y la exigencia de remover a Yoloxóchitl Bustamante de la Dirección General del IPN.

El día previo a la marcha trascendió que, desde la Segob y a espaldas de la asamblea universitaria, una supuesta representación del CLEP había pactado que el subsecretario Osorio Chong recibiría personalmente a una comisión de 30 estudiantes como colofón de la movilización. El CLEP negó su participación en el pacto.

Sellado de recibido a las 13:54 horas del martes 30 por la Segob, un documento signado por integrantes de la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) y la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET), organizaciones históricamente catalogadas como porriles dentro del Instituto Politécnico Nacional, vinculadas al PRI, dio cuenta de un compromiso con el gobierno federal:

“No efectuaremos marchas ni movimientos el día 2 de octubre”, se lee en el documento dirigido a Osorio Chong, del que este semanario obtuvo una copia, en concordancia con los volantes difundidos. No se explica por qué llevaron esa decisión por escrito a la Segob.

El último día de septiembre, decenas de miles de estudiantes de las 44 escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), credencial en mano, desbordaron las calles de la Ciudad de México en la “megamarcha” que llegó a la Segob para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio que consta de diez puntos:

La abrogación del Reglamento Interno del IPN; la cancelación de los planes y programas de estudio que tecnifiquen la educación en el instituto; la destitución inmediata de la directora Yoloxóchitl Bustamante; la democratización de la institución y la elección de quien ocupe la Dirección por parte de la comunidad politécnica; la suspensión definitiva de la pensión vitalicia a exdirectores del IPN; la salida de la Policía Bancaria que custodia los planteles; la incorporación de personal docente calificado y con experiencia para la institución; la asignación de 2% del PIB a la educación superior; la expulsión de los grupos porriles del instituto y que se garantice que no habrá represalia alguna contra los integrantes de este movimiento estudiantil por sus protestas.

Dos grupos “estudiantiles” se disputaron el control del mitin, que concluiría con la recepción de Osorio Chong del pliego petitorio, a las seis de la tarde, hora pactada por la comisión desconocida por la Asamblea General. El acuerdo era dejar el documento y volver por respuestas el viernes 3.

Los grupos terminaron por mezclarse en el escenario, dispuesto a los pies de las vallas metálicas que colocó la Segob.

Incitados por gritos “espontáneos”, se “improvisó” que fuera el secretario Osorio quien dejara su oficina para recibir sus demandas en el templete.

Tras un intercambio de mensajes que se difundían por el sonido local, rompiendo todos los protocolos de seguridad, Osorio Chong tomó el escenario con la naturalidad de un ciudadano común.

Comenzó por legitimar el movimiento y ofreció solucionar el conflicto en media hora.

“Sé que están planteando dejar el pliego petitorio y regresar el viernes. Hagamos que esta movilización que ustedes han realizado tenga, como nunca en la historia de este país, una respuesta inmediata a favor de todos ustedes”, dijo para dar pie a los aplausos y continuar:

“No me quiero ir a la oficina. Déjenme trabajar aquí (detrás de las vallas), y aquí mismo en media hora todos podemos estar de acuerdo en la solución al conflicto”, lanzó con un tono afable.

Osorio develó los encuentros entre su secretaría y jóvenes sin representatividad que habían intentado influir dentro del movimiento: “Ayer se me dijo algo muy importante por un grupo de ustedes: que no quieren que esto se politice. La mejor manera de evitarlo es encontrarle solución lo más pronto posible”, dijo antes de ser llamado a leer el pliego petitorio estudiantil, entre gritos de “Chong, Chong, Chong”, por una parte del alumnado.

“Sí. Claro. Ya salió a dar la cara. No podemos desperdiciar una megamarcha de 50 mil personas”, se escuchó al frente del templete.

El foro se dividió hasta que el moderador del acto, Daniel Antonio Rosales, alumno de arquitectura, intervino:

“El gobierno no le fija fechas al movimiento estudiantil. No vinimos a entablar diálogo. Desconocen la redacción de lo que vinimos a entregar. El movimiento no debe aceptar respuestas al vapor”, dijo y lo abuchearon desde un sector, mientras Osorio Chong gesticulaba su incredulidad.

Continuó: “La reforma educativa no se hizo en 30 min. No queremos migajas. (…) Dejemos claro que esto es resultado de la movilización estudiantil y no de la buena voluntad de las autoridades. El movimiento pudo haberse evitado si hubieran hecho caso de las anteriores. No hay por qué decir que las autoridades tienen la mejor disposición, si se esperaron a una movilización enorme para dar una respuesta”, reviró Rosales, y ahí la mayoría se convenció de que fuera el 3 de octubre la fecha para regresar.

Entrevistados por Proceso, académicos, estudiantes y trabajadores administrativos del IPN coinciden en que la intervención de Miguel Ángel Osorio Chong ante los estudiantes, la tarde del martes 30, no habría sido espontánea, cobijado por “grupos de poder priistas” al interior del Politécnico.

Para Erika Celestino, maestra de la Escuela Superior de Economía, los manifestantes cayeron en una trampa: “Yo no creo que haya sido espontáneo. Alguien lo orquestó (pedir que subiera al templete), porque no fue decisión de asamblea. Fue muy hábil y nosotros no estábamos preparados para que saliera, no lo planeamos ni nos convenía. Teníamos el pliego y queríamos instalar una mesa de negociación”, dice la maestra, y explica, a su entender, por qué han intentado “desactivar” tan rápidamente este conflicto.

“Porque no quieren que escale, que se politice. Lo han dicho. Saben que el descontento estudiantil no es sólo del Poli. Le tienen miedo a los estudiantes. Si no lo paraban, la marcha del 2 de octubre podía unir al movimiento estudiantil en general. Prefiere resolver que tener a los estudiantes en las calles. Esto se volvió muy grande gracias a los estudiantes”, dice y se lamenta al recordar la tarde del martes 30.

“Históricamente, ¿el movimiento estudiantil negociando con un secretario de Gobernación priista? Los de la UNAM nos dijeron que si alguien en su movimiento hubiera propuesto ir a Segob hubieran pensado que era tira. Esas posiciones salieron de la gente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIICSA. Ahí se infiltró un grupo que las promovió”, denunció la profesora Celestino.

“Hasta ahora ése fue el punto flaco del propio movimiento. Los diarios mostraron a Osorio Chong como el gran salvador del movimiento del IPN. Aprovecharon el conflicto para tratar de posicionarse. Nosotros sabemos que la única forma de resolver esto es movilizándonos, pero hay que tener mucho cuidado de que no intervengan para intentar promoverse”, dice Adrián Alvarado, egresado del IPN y ahora empleado con 16 años en la institución, al hacer el balance de la intervención de Osorio Chong en el conflicto.

“Se habló mucho de no politizar el movimiento y Osorio fue el primero en hacerlo. Nosotros sabemos quién es y sus antecedentes, pero se valoró ir a la SEP, a Los Pinos, y se decidió que la Segob tendría mayor inferencia dentro del IPN”, dice, y argumenta que en su honestidad el movimiento ha sido un tanto ingenuo.

Para él, el gobierno federal dio dos golpes en uno: desactivar el movimiento y reinstalar al PRI en el Politécnico. “Se legitimaron. Eso es lo que hay que combatir al interior del movimiento: un proceso de propaganda a favor del gobierno al interior del IPN con la idea de que son ellos los que resolvieron cuando es un triunfo del movimiento”.

Otra lectura la da Donovan Garrido, estudiante de la ESIA y militante de la CEP, líder del movimiento actual desde el origen. “Con esto desviaron la mirada de temas como el de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya. Ahora hasta parecen considerados con los estudiantes”, lamenta.

“Nunca un secretario de Gobernación sale a recibir un movimiento. Uno imagina que con ese acto quieren fortalecer al aparato del PRI dentro del IPN. Que digan: ‘Vean, el régimen está dispuesto a dialogar. Salió Chong’. Incluso hubo gente que promovió aplausos para él. Dar una cara de apertura para que cuando venga el próximo cambio en Dirección General, quien llegue, diga que el régimen se portó bien con nosotros y que hay apertura. Yo creo que, conociendo el IPN y cómo se mueve al interior la pelea de grupos por la Dirección General, yo creo que es un mensaje del PRI”; concluyó.

La disputa por la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional nació casi a la par que las protestas estudiantiles tomaron las calles.

Explica Adrián Alvarado: “La renuncia de la directora fue una acumulación de enojo. Si no era capaz de resolver los problemas del IPN no tenía qué hacer ahí. El problema fue que ésa se convirtiera en la demanda casi principal, por encima de la abrogación del reglamento y los planes de estudio. Es otra muestra de cómo están tratando de beneficiarse ciertos grupos internos. No debemos olvidar que a la directora Bustamante la eligió el PAN y hay una parte muy fiel del priismo que sigue en el IPN y está tratando de recuperar la influencia con el PRI. Es evidente que hay una pugna.

Exmiembro del CLEP, Alvarado abunda: “Por primera vez en muchos años las autoridades entregaron las instalaciones (para el paro) sin oponer resistencia. Antes había una batalla fuertísima porque te dejaran la instalación, tardabas dos o tres días”, y cuestiona:

“¿Por qué lo hicieron? ¿Acaso el grupo que quiere a Yoloxóchitl fuera está promoviendo o facilitando las cosas para aprovechar el movimiento, golpear a la directora general, que caiga y promover a alguien fiel al régimen priista en el IPN?”

No obstante, Alvarado aclara que, a su entender, dicho grupo no decide el rumbo del movimiento estudiantil: “Las movilizaciones vienen de abajo. Y las podemos explicar sólo por el descontento que hay, no porque alguien los llevara. Sin embargo, sí hay gente que trata de incidir en el movimiento. Está claro. El nuevo reglamento promovía que el nuevo director no necesariamente tuviera que ser egresado del IPN, podía ser cualquier persona de la estructura federal o el sector privado, y eso le mueve el tapete a la estructura de poder dentro del IPN, que no va a arriesgar sus cotos de poder”, expresa.

“Nosotros creemos que el mayor interés es por la Dirección General. Yoloxóchitl denunció que había manos externas en el movimiento. Y ella sabía a qué se refería. No a los alumnos. Sabe que hay una cuestión legítima, pero también una fuerza que estaba acelerando que cayera.

“Yoloxóchitl nos desconoció y nosotros la desconocimos, pero no necesitábamos ir a Segob para pelear el reglamento. Para pedir su cabeza, sí. La necesidad legítima de desconocerla favoreció a alguien.

“Lo que se consiguió es que ahora va a llegar un director del PRI, con consenso, con legitimidad. Lo del reglamento no se va a detener porque es el proyecto neoliberal del gobierno. Es precarización laboral, reducir costo por estudiante. Con consenso lo van a ir dosificando, fue el análisis de la profesora Erika Celestino.

Donovan Garrido, por su parte, se concentra en el futuro del movimiento: “Hay muchos que quieren sacar su tajada, está claro. Hay muchos porros priistas en las asambleas tratando de manipular, pero estamos en la lucha porque muchos de nosotros sabemos que esto puede levantar el país, en el buen sentido”.

La renuncia de Yoloxóchitl Bustamante estuvo en el escritorio del secretario de Gobernación el mismo martes 30 antes de las cinco de la tarde, mientras la marcha politécnica llegaba a la Segob. La misma marcha en la que Miguel Ángel Osorio Chong “improvisaría” ofrecer soluciones exprés de cara a los estudiantes.

La noticia se filtró en los medios de comunicación. Sin embargo, la SEP la desmentiría más tarde. “Detuvieron el anuncio de la renuncia de la directora porque era una cabeza que ellos querían entregar y no los dejaron resolver ahí mismo”, dice Erika Celestino.

Finalmente, el viernes 3, de nuevo Osorio en escena anunció que era una demanda cumplida para el movimiento estudiantil. Con la lección aprendida luego de largas jornadas de balance, esta vez no hubo vítores ni aplausos. Cada intento de celebrar al secretario era extinto por la mayoría que volvió a desbordar la calle de Bucareli.

La cara del secretario Chong ya no era la del gozo de tres días atrás ni la del jueves 2 en las imágenes que emitieron las televisoras nacionales desde Los Pinos con el presidente Peña y los secretarios de Educación y Hacienda para resolver a los universitarios.

Entre la tensión, Osorio quemó cada una de sus respuestas supuestamente “positivas” sin control alguno. Por el contrario, los jóvenes evidenciaron que habían conseguido la respuesta del pliego petitorio un día antes, filtrada por un miembro de la sección 60 del IPN, de nombre José Luis Castro, que habría participado en negociaciones con Segob. Acusaron a Osorio de fraude y en vivo y por red nacional le dijeron que no confiaban en el gobierno federal. Avisaron que revisarían el documento oficial para volver. Así terminó la transmisión.

Proceso

 

Autonomía y dirección en el Poli: una opinión

Octavio Rodríguez Araujo

Publicado en La Jornada, 16 octubre 2014

Una cosa es la democracia en la elección de un dirigente y otra la democracia en el ejercicio del poder. Parecen ser lo mismo, pero no lo son. Nada garantiza que un dirigente elegido democráticamente sea democrático en su actuación. Varios presidentes en América Latina, y también de México, han sido elegidos democráticamente (al menos en apariencia) y sus gobiernos fueron criminales y hasta genocidas.

A mucha gente se le olvida que el poder se ejerce y que sus usufructuarios, elegidos o no democráticamente, se defenderán con garras y dientes para mantenerse como tales: por lo general nadie quiere compartir el poder con quienes no controla o no le obedecen. El ejercicio del poder es absolutamente pragmático, y si no era elitista en su origen se vuelve tal para preservarse. La democracia en los países capitalistas, e incluso en los de orientación socialista, es de élites, al extremo de que en ocasiones se hereda a un hermano, a alguien del mismo partido o del mismo grupo hegemónico al que se pertenece. Las elecciones normalmente sirven para ratificar a un grupo elitista hegemónico que cuenta con recursos superiores a los de otro grupo, sean dichos recursos estatales (por el poder de quienes lo ejercen) o económicos (éstos son particularmente útiles para influir en los electores gracias a los medios de comunicación, a la compra de voluntades o a las inercias sociales, por lo general conformistas).

Los centros de educación superior no escapan a esta lógica, pues no son entidades aisladas de las relaciones de poder. El ejemplo de la UNAM es elocuente. Cuando ganó su autonomía, uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido México la abandonó a sus propios recursos y posibilidades, bajo el no muy inteligente argumento de que una universidad autónoma era igual que una universidad privada. Fue entonces cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para atender a los hijos de obreros y campesinos, ya que en la UNAM estudiaban entonces los hijos de las clases medias. La Ley Orgánica de la UNAM, aprobada por el Congreso durante el gobierno derechista de Ávila Camacho, cambió el concepto de autonomía, convirtiéndola en un organismo descentralizado del Estado (no del gobierno), con subsidio público y autonomía para conformar su gobierno, administrar su presupuesto y pa­ra garantizar las libertades de cátedra y de investigación. Sus órganos de gobierno no tienen precisamente un origen democrático, ya que una junta de notables nombraría y nombra a sus titulares. Sin embargo, unos rectores han sido democráticos en el ejercicio de su cargo y otros aceptaron la intromisión evidente del gobierno federal.

Bajo el mismo sistema de designación de autoridades de la UNAM, resultado de su Ley Orgánica de 1945, ha habido rectores de derecha y también progresistas. No han sido semejantes Salvador Zubirán, Luis Garrido y Nabor Carrillo que Javier Barros Sierra, Pablo González Casanova, Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles. Los primeros permitieron la intromisión descarada de los gobiernos federales y asumieron como propias las posiciones anticomunistas que caracterizaban a la poderosa Federación Estudiantil Universitaria (FEU), cuyos orígenes estuvieron marcados por dirigentes fascistas como Jorge Siegrist, quien reconocía como su tutor a Vasconcelos en su época pro nazi. No deja de ser interesante que precisamente Siegrist y la FEU hayan estado en contra de la nueva Ley Orgánica y que propusieran formas plebiscitarias en 1948 para la elección del rector. El segundo conjunto de rectores mencionado se distinguió, en cambio, por enfrentar a los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría, Fox y Calderón y, como bien se sabe, por exigir el respeto cabal a la autonomía de la universidad. Selección en lugar de elección, pero unos democráticos y otros no en su acción como rectores.

He sostenido que la forma de nombrar a las autoridades de la UNAM no es democrática, pero también he dicho y lo sostengo que si fuera por votación universal de sus miembros hubiéramos tenido, casi siempre, rectores de derecha por dos razones principales: porque la mayoría de los universitarios es conservadora, y en algunas escuelas francamente derechista, y porque con dicho modo de elección los poderes fácticos y el gobierno en turno (con toda la fuerza del Estado) encontrarían mayores facilidades para controlar la principal universidad del país. La autonomía de la UNAM, por lo que se refiere a su autogobierno, es más frágil de lo que quisiéramos los universitarios, tanto que a veces depende de quién ocupe su rectoría. Esto no debe extrañarnos, igual ocurre con los gobernantes independientemente de cómo fueron elegidos: unos son mejores que otros, y en ocasiones también más democráticos. Pero el sistema es el sistema y no siempre se puede contra él sin amplios apoyos populares o equivalentes. Cuando Barros Sierra, por ejemplo, se enfrentó a Díaz Ordaz, pudo hacerlo porque los universitarios lo apoyaron, y lo apoyaron porque él se puso del lado de ellos y, obviamente, en defensa de la autonomía universitaria.

En resumen, lo que quiero sugerir es que el IPN debería tener el mismo estatus de la UNAM por lo que se refiere a su autonomía. Esto es, como organismo descentralizado del Estado, con autonomía, y no como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Lo de la elección de sus autoridades lo dejo a una reflexión más amplia, sólo digo por ahora que si los actuales politécnicos eligen a su rector, éste tal vez sea democrático y hasta progresista, pero nada garantiza que mañana se obtenga el mismo resultado.

rodriguezaraujo.unam.mx

IPN: entre lo esencial y lo secundario

Publicado el martes 4 de noviembre

Javier Flores

El movimiento estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ilustra los graves problemas internos que existen en una de las más importantes y emblemáticas instituciones de educación superior e investigación en México. Pero este conflicto es, al mismo tiempo, la mayor oportunidad que se ha presentado en las décadas recientes para la evolución positiva de ese centro de estudios, transformación que, sin embargo, puede frustrarse ante la falta de voluntad para distinguir entre lo que es esencial y lo que es secundario.

El detonador del actual movimiento de jóvenes politécnicos fue la decisión de las autoridades de ese instituto de modificar los programas de estudio y el reglamento interno. Una decisión vertical que no fue presentada previamente a la comunidad. Por esta falta de comunicación, los contenidos de las nuevas disposiciones han sido interpretados de muy distintas maneras; por ejemplo, como la intención de rebajar a los ingenieros y arquitectos de un nivel profesional a uno puramente técnico, o como producto de la injerencia externa (incluso trasnacional) sobre el instituto.

No estoy diciendo que esas interpretaciones sean acertadas o falsas. Creo que lo más importante aquí es que se pone de manifiesto que la comunidad politécnica (y me refiero no sólo a los estudiantes) no dispone de los instrumentos para autogobernarse, pues siente que todo le llega de arriba o de afuera. Entonces, si este es el origen de un conflicto que desde hace varias semanas mantiene cerrado uno de los centros educativos más importantes de México, la solución es, sin duda, discutir sobre bases académicas la autonomía del Instituto Politécnico Nacional… y eso es lo esencial.

Curiosamente, ese planteamiento, que cobró fuerza en las primeros días del conflicto y que fue visto con gran simpatía por distintos sectores sociales e incluso gubernamentales, ahora va quedando en los últimos lugares de un pliego petitorio que cambia a gran velocidad, en el que lo más importante deja de ser lo esencial para que ocupen su lugar aspectos tan secundarios como el auditorio en el que habrán de realizarse las reuniones entre autoridades y estudiantes.

Además de la fuerza intrínseca del movimiento estudiantil en el Politécnico, éste ocurre en un momento muy especial en la vida del país, en el que el asesinato de jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ha traído consigo la indignación de todos los mexicanos. Esto ha puesto en movimiento a los estudiantes de casi todas las instituciones de educación superior e investigación en la ciudad de México y otras regiones del país.

Este marco de movilizaciones nacionales, en el que el centro de atención se concentra en los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, resulta beneficioso para la causa politécnica –lo digo con toda claridad, pues además es evidente para todo el mundo– y es del mayor interés para el gobierno federal darle solución inmediata.

Casi desde el inicio del conflicto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció como justas las demandas de los estudiantes y ha celebrado reuniones con parte de su gabinete para dar respuestas a las demandas estudiantiles. El secretario de Gobernación ha salido a la calle a dialogar con los jóvenes del IPN, y más recientemente el secretario de Educación ha respondido a las demandas de los jóvenes.

El tema de la autonomía del IPN debería ser el tema central a discutir y yo veo que existen grandes posibilidades de que pudiera conseguirse. Es ahora o nunca. Yo sé que para algunos intelectuales la autonomía de las instituciones de educación superior es una especie de mito, parte del atraso que vive nuestro país. Yo no estoy de acuerdo, pues creo que son las comunidades académicas las más capacitadas para definir el rumbo de sus instituciones ante el predominio del conservadurismo y las posturas anticientíficas que abundan hoy en el mundo.

Quiero dejar claro que la autonomía a la que me refiero debe estar sustentada en criterios académicos, científicos y técnicos del más alto nivel, basada en el autogobierno a través de órganos colegiados conformados por los especialistas más destacados en las distintas áreas del conocimiento, y no debe ser para convertir a este instituto en un espacio político de permanente confrontación, por eso debe iniciarse una amplia discusión académica (y no solamente política) sobre sus características.

La existencia del IPN como institución vinculada a las decisiones del gobierno ya no tiene razón de ser, como sí la había en la época cardenista e incluso años después con la existencia de grandes empresas estatales principalmente en el área energética. Pero éste, que es el tema esencial, podría fracasar si la parte gubernamental no adopta una posición más flexible, o si el movimiento estudiantil entra en el círculo infiltración-control-inactivación, que ya hemos presenciado en otras partes.

En 1929, un movimiento estudiantil logró la autonomía de la Universidad Nacional de México, y quizá hoy otro movimiento estudiantil pueda lograr lo mismo para el Instituto Politécnico Nacional, a menos que, como hoy, se detenga en aspectos puramente secundarios.

POSICIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA ANTE EL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

La Escuela Superior de Economía rechaza la propuesta del Nuevo Reglamento Interno de nuestro Instituto Politécnico Nacional porque atenta contra sus principios fundacionales.

Por este medio le manifestamos que distintos miembros de la comunidad de nuestra Escuela hemos realizado una serie de reuniones interesados por conocer y analizar el anteproyecto de Reglamento Interno que el Instituto publicó en su portal de internet. Su publicación obedeció al interés del IPN por llevar a cabo una consulta en relación a la modificación de dicho Reglamento.

Sin embargo, a pesar de que la duración de la consulta fue de 11 días, esta carece de mecanismos realmente efectivos para realizarla de manera amplia, informada, discutida y participativa. Consideramos que la modificación de un reglamento con la importancia para nuestra vida institucional no puede basarse en un simulacro de consulta ya que esta señala que solo es para obtener la “opinión” de la comunidad politécnica.

Asumimos que el mecanismo que se diseñó para la consulta manifiesta en sí mismo el sentido del rediseño del Reglamento Interno, ya que este no solo significa la modificación de algunos artículos, sino que representa toda una política de restructuración global del IPN que atenta contra el proyecto fundacional del Instituto con implicaciones graves para toda la comunidad politécnica: alumnos, docentes, personal de apoyo e incluso a los propios directivos.

Buscando realizar una verdadera tarea de análisis del anteproyecto del Reglamento Interno, distintos miembros de la comunidad de la Escuela nos dimos a la tarea de discutir el contenido de la propuesta, revisar las aportaciones que este hace así como las exclusiones respecto al Reglamento vigente. En ese sentido, presentamos el análisis que realizamos al anteproyecto del Reglamento, especificando los cambios y graves retrocesos que esto significa para las tareas sustanciales de nuestro Instituto.

Capítulo Único. Naturaleza y Finalidades	El propósito del Reglamento hace énfasis en las normas internas que rigen la organización y el funcionamiento del Instituto sobre las actividades académicas. Respecto a la naturaleza del Instituto, este ya no busca el alcanzar el progreso social de la Nación, sino más bien fortalecerlo. En las funciones sustantivas del Instituto ya no se contempla la docencia, sino solo la educación.  Un aspecto ambiguo es sobre el desarrollo tecnológico e integración social ya que se incorpora la vinculación con los sectores productivos. Sin embargo, un aspecto preocupante es que se omiten funciones sustantivas como la investigación científica, intercambio, extensión y divulgación del conocimiento. Además, un aspecto que no queda claro es sobre la desconcentración de las actividades del Instituto.   Otra serie de aspectos interesantes es que el Instituto promoverá la perspectiva de género, la sustentabilidad ambiental, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Sin embargo, respecto a su estructura llama fuertemente la atención la omisión de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, qué significa esto, ¿su desaparición?
Título Segundo. Capítulo I. De la función educativa	La función educativa del IPN será la calidad educativa centrada en los saberes y conocimientos y no así en las capacidades. Por ello se elimina la formación integral en el carácter científico y tecnológico, así como su propósito, esto es, la búsqueda de solución de problemas vinculados con el desarrollo de la nación.
Título Segundo. Capítulo II. De los programas académicos y modalidades educativas	Se elimina la noción de Plan de Estudios, esto impacta en su definición, características, el contenido, su estructura, integración, el carácter científico de los mismos y su modificación en función de criterios de evaluación. Se agrega la noción de modalidades educativas pertinente, así como la flexibilidad y pertinencia en los programas académicos.
Título Segundo. Capítulo III. De la práctica docente	Al eliminarse la participación de la academia en la asignación de funciones académicas al docente, se elimina el nombramiento de cargas académicas, de investigación, atención y asesoría a los alumnos y otras de carácter académico.  Se agrega que el ingreso del personal académico se realizará conforme a convocatorias abierta y concursos de oposición, sin embargo, se eliminan los criterios para el ingreso, tales como: formación académica y profesional, experiencia docente, nivel de conocimientos, vocación por la docencia y la investigación científica y tecnológica.   Se elimina la noción de academia y colegio de profesores en la organización del personal académico, así como el propósito de estos cuerpos colegiados, esto es, garantizar la calidad, pertinencia y cumplimiento de los planes y programas de estudios, su diseño y actualización.
Título Segundo. Capítulo IV. De la formación, desarrollo y evaluación del personal académico	Se incorpora la noción de la evaluación de la calidad educativa del docente. Sin embargo, se elimina la responsabilidad académica del Instituto por ofrecer e impulsar programas de formación a nuevos profesores e investigadores.  La asignación de becas y estímulos para el personal académico ya no se realizará en función de reconocer la calidad del trabajo docente y de investigación, sino en función de los resultados de la evaluación del desempeño.
	Al eliminarse la Sección Quinta del Reglamento vigente (De los medios didácticos), se eliminan los medios didácticos y tecnológicos de apoyo a la docencia y se abre la posibilidad de eliminar la asignación de vales de libros y el financiamiento para la adquisición de medios didácticos por parte del Instituto.
	La Sección Séptima del Reglamento vigente se orienta a la evaluación del proceso de enseñanza, la acreditación de los programas y el Plan de Estudios, así como la certificación de los estudios realizados en el Instituto. Mientras que en el Capítulo V del anteproyecto solo contempla la certificación de los aprendizajes y la expedición de los documentos que lo acrediten.
Título Segundo. Capítulo VI. De la investigación, innovación y desarrollo tecnológico	El artículo 29 sustituye el carácter de obligación por el de promoción de desarrollo tecnológico por parte del IPN. También omite entre sus objetivos, la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la Nación, e introduce “Cualquier otro propósito que se requiera para fortalecer el progreso social de la nación”. Además, sustituye la formación de recursos humanos por la de capital humano.  El artículo 31 pone de manifiesto que las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico podrán generar la captación de recursos adicionales. De manera clara ¿qué significa esto?
Título Segundo. Capítulo VII. De la integración social	En el artículo 33 se introduce la cultura empresarial en los proyectos del Instituto, a través de la llamada “cultura emprendedora”, incubadoras de empresas y el incremento de la productividad, competitividad. etc. Además de que mediante la incubadora de empresas se pretende captar recursos adicionales. Se privilegia al sector privado por encima del sector público hacia donde iban orientados los proyectos del instituto.  El artículo 34 nos dice que “El Instituto realizará acciones de cooperación académica, mediante la colaboración y el intercambio con Instituciones nacionales o extranjeras, con objetivos e intereses comunes, bajo los principios de corresponsabilidad y   beneficio mutuo, con la finalidad de potenciar las funciones institucionales”. Pero no se especifica si las instituciones nacionales y extranjeras serán también de tipo académico o de otra índole que realicen entre otras tareas, actividades académicas.   Se elimina el artículo 50 que se refiere a la parte de apoyos y estímulos a la investigación. Así como la participación de los docentes en elaboración de mecanismos de evaluación académica.   Se elimina el artículo 52 que plantea que “El Instituto impulsará una política de desconcentración de las actividades de investigación científica y tecnológica para contribuir al desarrollo regional, sectorial y nacional”
	Se elimina el artículo 61 donde se plantea que los programas deben estar orientados a MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SECOTRES PRODUCTIVOS DEL PAÍS. Así como a la gestión y transferencia de tecnología y a la incorporación de alumnos y egresados al mercado laboral.  Se elimina el artículo 56 que se refiere a que “El Instituto ofrece, a través de la educación continua, servicios para la adquisición y actualización de conocimientos, la superación profesional, así como la obtención de capacidades que permitan un ejercicio laboral más competitivo”.   Se elimina el artículo 57 que platea que “Las publicaciones del Instituto, en sus formatos tradicionales y en los que resulten de los avances tecnológicos, estarán orientadas a apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, la generación, divulgación y extensión del conocimiento y la difusión de la cultura”.
Título Segundo. Capítulo X. Del reconocimiento de validez oficial de estudios	El artículo 42 adiciona a la Secretaría de Educación Pública y demás normatividad aplicable para realizar el reconocimiento oficial de estudios, ya no solo contempla a la normatividad del instituto.
Título Tercero. Capítulo I. De la trayectoria y situación escolar	Se omite la noción de alumno y la explicación y criterios sobre la condición de “regular” o “irregular” de los alumnos.  Se omite la explicación de los diversos criterios para que un alumno pueda recursar unidades de aprendizaje y cuándo pierde su calidad de alumno en la modalidad escolarizada.   Desaparecen los derechos de los egresados a seguir disfrutando de los servicios educativos correspondientes hasta que obtengan su título académico.   El artículo 47 plantea que el alumno que el alumno que adeude una o más unidades de aprendizaje por dos periodos escolares posteriores al que las cursó por primera ocasión, causará baja del programa académico. A menos que la Comisión de Situación Escolar determine lo contrario considerando su expediente.   Se elimina el artículo 82 del Reglamento vigente que planteaba la opción de baja temporal para los alumnos.   Se elimina el artículo 90 del Reglamento vigente correspondiente a la asignación de becas y los criterios.
Título Tercero. Capítulo II. De los servicios de apoyo para los alumnos	El artículo 50 ya no se estipula los servicios a los que tienen derechos los alumnos, como los servicios de salud. Ya no se garantizan quedan sujetos a políticas y lineamientos.
Título Tercero. Capítulo III. Del servicio social y las prácticas profesionales	En los artículos (51, 52 y 53) referidos al servicio social se omite que los alumnos deben RETRIBUIR A LA SOCIEDAD con parte de su trabajo por los servicios educativos que recibieron. Se pasa a un segundo plano su carácter de RECIPROCIDAD con la sociedad. Se elimina el principio de SOLIDARIDAD SOCIAL y el objetivo de retroalimentar los planes y programas con la experiencia adquirida en el servicio social. Se omite la satisfacción de las necesidades sociales y culturales del país como eje principal del servicio social.
Título Tercero. Capítulo IV. De los derechos de los alumnos	En el articulo 54 Habla se habla de   “servicio educativo” en lugar de educación. Elimina como derecho recibir el número de clases previstas para cada asignatura.  En el articulo 54 de los derechos de los alumnos se sustituye “votar y ser votados.” por “votar y poder ser votados…”. En todos los procesos de elección se considera que debe hacerse apegados al Reglamento y otras disposiciones aplicables, sin especificar cuáles; Se elimina el plazo máximo de 60 días naturales para que las autoridades den respuesta ante una petición hecha por escrito por parte de los alumnos; Se elimina el reconocimiento de las asociaciones estudiantiles; Se elimina el articulo que explícitamente expresa que los alumnos tienen derecho a ejercer la defensa de sus derechos conforme el Reglamento y otras disposiciones aplicables; Se omiten los derechos derivados de la Ley Orgánica y otros ordenamientos jurídicos.   En el artículo 55 de las obligaciones de los alumnos e elimina el artículo que obliga a los alumnos a tener un comportamiento que enaltezca al Instituto; Se introduce que el alumno debe portar VISIBLEMENTE su credencial de estudiante.   En el artículo 56, de las responsabilidades se agrega “abstenerse de cualquier actividad que atente contra el BUEN ORDEN”.   La nueva propuesta de reglamento lesiona fuertemente los derechos de libertad de expresión política tanto de alumnos al reducir los procedimientos, instancias y notificaciones previas a una sanción de las autoridades. Si bien es positivo que el reglamento proteja la institución, personal y alumnos contra daños a su integridad física y seguridad, el punto III del artículo 60 se presta para que se castigue a los alumnos en el legítimo uso de sus derechos como ciudadanos.   La “afectación a la prestación de servicios del Instituto” puede ser interpretado como una conducta que sancione la protesta política de estudiantes. Deja de ser obligatorio que el sancionado sea notificado por escrito y se dé por enterado de las causas por las cuales está en esa condicionado, así como también se abre la puerta a suspensiones o expulsiones “exprés”, de manera inmediata y de forma arbitraria. No está reglamentado claramente que el sancionado esté enterado de su situación, por lo cual se acota y restringe el derecho que tendría para presentar una revisión de su caso.   Lo más grave es que se elimina que el alumno tenga que ser escuchado y que se pondere su situación académica para establecer una sanción acorde a la “objetividad” y “legalidad” que establecía el reglamento anterior.
Título Cuarto. Capítulo I. Del personal académico	El artículo 77 plantea en la sección IX que el personal académico “deberá coadyuvar en las actividades de integración social, así como en el fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial en los ámbitos nacional e internacional.” (Antes artículo 123)  El artículo 78 plantea que el Instituto evaluará el desempeño del personal académico (esto anteriormente estaba en el artículo 125) pero ahora se eliminan los términos de la evaluación. Lo que abre la puerta a una evaluación discrecional   El artículo 79, que trata sobre la situación del personal no docente ya no hace mención que las relaciones laborales se rigen por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente del Instituto Politécnico Nacional, que establece las categorías y niveles en que se clasifica el personal, así como los procedimientos de admisión y evaluación, la descripción de funciones, derechos, obligaciones, sanciones y condiciones de permanencia y promoción. (Antes artículos 126 y 127)   Es por demás preocupante la tendencia a sancionar la organización entre los distintos miembros de la comunidad politécnica. En el artículo 77 fracción XXII se establece que el personal académico deberá “mantener en todo momento una relación estrictamente académica con las y los alumnos del Instituto”. En lo que respecta al artículo 80 se plantea en su fracción IX que el personal de apoyo y asistencia a la educación deberá “abstenerse de establecer vínculos personales con las y los alumnos, ajenos a las funciones institucionales que tiene encomendadas.”
Título Cuarto. Capítulo II. Del personal de apoyo y asistencia a la educación	De la misma manera que para los docentes, para los trabajadores no docentes se plantea la evaluación al desempeño en el artículo 81 pero los lineamientos tampoco son claros.
Título Cuarto. Capítulo IV. Disposiciones comunes	En el Artículo 87 se incluye, demás del Abogado (a) General, a la Secretaría General para tratar asuntos de hechos delictivos.
Titulo Quinto. Capítulo II. Del titular de dirección general	En las funciones del Director General del IPN los cambios manifiestan ambigüedades en las estructuras que lo «auxiliaran» para la planeación y desahogo de los asuntos de su competencia.  Se le faculta al Director General del IPN para desaparecer coordinaciones generales y para expedir reglamentos y acuerdos sin la opinión previa del Consejo General Consultivo, al mismo tiempo que se le dota de la autoridad para controlar lo que se publique en la Gaceta Politécnica, todo lo anterior abre el abanico de facultades centralizadas en la figura del Director General reduciendo la participación del Consejo General Consultivo y des-especificando las facultades y obligaciones del órgano de control interno, de los secretarios de área y de los directores de coordinación.   El Director General puede expedir reglamentos y acuerdos sin la opinión previa del Consejo General Consultivo, sólo se menciona que de acuerdo a la normatividad aplicable.   No se reglamenta expedir información sobre la estructura orgánica, las funciones de sus unidades administrativas y académicas, los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan.
Titulo Quinto. Capítulo IV. Del decanato        Titulo Quinto. Capítulo V. Del órgano de control interno	Cambios en el criterio para designar a un decano, ahora se estipula la antigüedad mínima de 20 años y su cargo durará sólo 9 años sin poder ser designados a otro periodo.  Se elimina el Artículo 157 sobre las facultades y obligaciones del órgano interno de control. Entre las que figuraban: a)   efectuar revisiones y auditorías, así como vigilar el manejo y aplicación de los recursos públicos de conformidad con la normatividad aplicable b)  determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Instituto e imponer las sanciones aplicables c)   Informar periódicamente al director general del resultado de las acciones de control y desarrollo administrativo y proporcionarle, cuando así lo solicite.
De los secretarios de área	Se modifica el artículo 160 ya que se eliminan las facultades y obligaciones de los secretarios de área entre las que figuraban:a)     Proponer al director general los proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y demás. b)    Proponer medidas para el mejoramiento administrativo de las direcciones de coordinación adscritas a la secretaría a su cargo y, en su caso, para la reorganización de las mismas. c)     Formular los proyectos de programas y de presupuesto que le correspondan, así como verificar que las direcciones de coordinación adscritas a su secretaría ejecuten, de manera correcta y oportuna, los que les fueren aprobados
Sección Segunda. De los directores y subdirectores	En la sección segunda del Capítulo VIII (arts. 116-122) se plantea que los Jefes de la Sección de Estudios Posgrado ahora tendrán la misma jerarquía que un subdirector como lo indica el artículo 116 de la propuesta de nuevo reglamento (antes artículo 168).Los requisitos para elegir Directores, Subdirectores o Jefes de la Sección de Estudios Posgrado presentan rasgos comunes, entre ellos ya no es necesario ser egresao del IPN, ni ser profesor de tiempo completo. Para ser candidato se cumplir con los parámetros e indicadores de evaluación previstos en los lineamientos correspondientes, ¿cuáles?, esto no está claro.
Sección Tercera. Disposiciones comunes aplicables a las unidades académicas de niveles medio superior, superior y de investigación científica y tecnológica	Se eliminó el artículo 124 que planteaba que “las vacantes definitivas deberán ser cubiertas por quienes satisfagan los requisitos exigidos en la convocatoria que para tal efecto se expida, a fin de asegurar la continuidad de la excelencia académica.”. Se atenta contra condiciones de permanencia y la estabilidad laboral de los docentes.   La sección tercera del Capítulo VIII (arts. 123-131). En caso de ausencia definitiva del titular de la dirección el Director general podrá nombrar un Director, Subdirector o Jefe de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación interino, en el reglamento vigente, este lugar lo ocupa el Decano. (art. 126)   Para la elección de ternas se señala que el CTCE deberá auscultar, en la forma que se determine en la convocatoria correspondiente, la opinión del personal y del alumnado de la Unidad Académica, de acuerdo con los criterios que establezca la Secretaría General… (art. 129)   En la propuesta de nuevo reglamento se agrega en el artículo 130 que sí al término del encargo de algún titular de Dirección, Subdirección o Jefe de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de una Unidad Académica, no se ha realizado la designación correspondiente, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta en tanto surta efectos la designación respectiva, salvo que el titular de la Dirección General designe un director o subdirector interino.
	LAS SECCIONES IX, X y XI DEL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO NO APARECEN EN EL REGLAMENTO VIGENTE, EN NINGUN CASO SE ESPECIFICA A QUE SE REFIRE CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS O DE APOYO QUE AHI SE MENCIONAN
Capítulo IX. De las Unidades Académicas de Integración Social	El capítulo IX (art. 132-137) se refiere a la normatividad para elegir a titulares de Dirección y Subdirección de las Unidades Académicas de Integración Social, así como al Comité Técnico de las mismas y la elección de las ternas correspondientes.
Capítulo XII. Unidades de Apoyo a la Investigación, al desarrollo y Fomento Tecnológico y Empresarial	Al crearse las “UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, AL DESARROLLO Y FOMENTO TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL” se avanza en la privatización de la investigación realizada en el Instituto. Ya que coloca a la investigación como una pieza dentro del fomento empresarial, al parecer se busca identificar a la investigación científica producida en el IPN como una mercancía que pueda ser vendida o utilizada por el sector empresarial.  Destaca que se busque colocar al desarrollo en materia de nanotecnología, por dar un ejemplo, con el fomento empresarial. Ni siquiera se modifica la Ley Orgánica, ya que eso sería lo que debería de proceder en un cambio de esta naturaleza. Se realiza a través de un nuevo reglamento lo que en los hechos será la cesión al sector empresarial de investigación financiada desde el estado. Lo que se busca hacer es reglamentar algo que ya se hace de facto.   El Consejo Consultivo General y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares pierden su fuerza radicada en el mandato del Reglamento Interno, y se traslada a un Reglamento del Consejo General Consultivo que no se pone a discusión, y que no está claro cuál será su función. Por lo que se puede deducir que se busca quitar la fuerza de los Consejos para los temas de evaluación docente, aprobación de planes de estudios, y en general para la mejora educativa dentro del Instituto. Avanzando así para la integración de un órgano independiente al Instituto, restándole fuerza a la representación de la comunidad y dejando en manos diferentes al IPN su funcionamiento académico.   Para ser titular de Dirección de una Unidad de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo y Fomento Tecnológico y Empresarial no es necesario ser egresado del IPN Se le quita al Consejo General Consultivo vía Reglamento General sus atribuciones y se pretende establecer su funcionalidad vía reglamento interno. El Consejo deja de ser el órgano que permita el mejor funcionamiento académico, el que guíe la evaluación docente, y el que pueda aprobar la modificación de los planes de estudio.
Titulo Sexto. De los órganos consultivos. Capítulo III. De los Consejos Técnicos Consultivos Escolares	Se omite artículo 210 que habla sobre la convocatoria y la elección de consejeros será por un comité de elección, los mismos que organizarán el proceso.El artículo 180, menciona que ahora para ser candidato a consejero alumno de nivel medio superior y superior se requiere, estar cursando entre el 40 y 80 por ciento de los créditos del programa académico en el que se encuentra inscrito. Pero qué paso con los representantes de las generaciones de primer, segundo, tercer y cuarto semestre.
Titulo Séptimo. Capítulo I. De la estación de televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal	La estación XEIPN se acota como canal once del Distrito Federal, así mismo se omite que es sin fines de lucro la actividad de la televisora y la recaudación de recursos será para el autofinanciamiento.  Se agrega que el titular de la dirección de la televisora determina en que se gastarán los autogenerados siendo opción las necesidades del Instituto Al Centro Nacional de Cálculo se le limita en crear y se le habilita como coordinador, siendo que es un proveedor importante de servicios del Instituto.
Título Octavo. De los organismo auxiliares. Capítulo único	Se des-especifican las funciones de los organismos auxiliares del IPN, abriendo la puerta a cualquier tipo de proveedor de servicios, entre otros: I. Formar recursos humanos especializados a nivel de posgrado e investigadores en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como realizar investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico; II. Apoyar técnica y económicamente al Instituto, a fin de coadyuvar en la preparación y especialización de su personal académico, así como proveer de equipamiento y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas, y III. Construir, adaptar, equipar, conservar y dar mantenimiento a las obras, instalaciones y equipos del propio.
Capítulo II. De los órganos de asesoría. Sección Primera. Del consejo de ex directores generales	Con el nuevo reglamento se da la supresión de varios comités de asesoramiento, además de las funciones de otros tantos, como el Colegio de Profesores y el Colegio Académico de Posgrado.Se omite toda la sección relativa al comité Académico de directores, la cual versa en torno a las funciones de este organismo y a sus atribuciones en relación con la Dirección General.
Capítulo II. Sección Segunda. De los comités de asesores	Se omiten 5 artículos referentes a la integración de los miembros de los comités asesores, así como a sus funciones y regulaciones respectivas a los comités de los órganos de extensión y difusión.
Capítulo III. De los colegios. Sección única	Se omiten dos artículos relativos a la integración del Colegio Académico de posgrado, así como a sus funciones y atribuciones. Éstas versaban en torno a su capacidad de hacer propuestas de programas académicos o de normatividad relativa al área de Posgrado.Se omiten 5 artículos referentes a las funciones del Colegio de Profesores, su integración y atribuciones. Éstas estaban relacionadas con su capacidad para opinar sobre los planes de estudio de la Unidad académica, así como del plan de trabajo del Director de dicha Unidad.
Título Decimo. De la administración. Capítulo III. De la programación y presupuesto	En lo relativo al presupuesto, se omite que el Instituto “gozará de la libertad de gestión para el cabal cumplimiento de sus objetivos y metas señalados en sus programas y presupuestos”, lo cual resulta sumamente preocupante si se combina con el hecho de que no hay claridad respecto de cómo se ejecuta dicho presupuesto, ya que se suprimen varios aspectos de la normatividad relativa a la planeación. Asimismo, en varios momentos se repite que la operación del presupuesto derivará de “las normas jurídicas aplicables”,Se añade que se podrán otorgar permisos a particulares para “el uso, aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos”.
Título Decimo. De la administración. Capítulo V. De la evaluación institucional	Se añaden disposiciones relativas a la evaluación. Resulta particularmente preocupante que se hable sobre una “evaluación externa interinstitucional” para normar la “calidad educativa”. Pero quién evalúa y qué implicaciones laborales tendrá la evaluación dicha evaluación.
Título Decimo Segundo. De la reforma al Reglamento Interno y de los aspectos no previst0s	Se modifica el mecanismo para cambiar el Reglamento Interno, pasando de una consulta a la comunidad a estar determinado por el presidente del Consejo General.Se añade que todo lo no previsto en el Reglamento será resuelto por el titular de la Dirección General.

Del análisis realizado, y con base a un proceso de reflexión y discusión colectiva entre distintos miembros de la Escuela, llegamos a las siguientes conclusiones que sometemos a la discusión y participación de cada vez más miembros de nuestra comunidad, incluyendo a miembros de otras Unidades, Escuelas y Centros de Estudios.

CONCLUSIONES:

El rediseño del Reglamento Interno fomenta la verticalidad en la toma de decisiones del titular de la Dirección General a través de eliminar funciones al Consejo General Consultivo, al Consejo Técnico Consultivo Escolar y a otras formas de represtación como el Colegio de Profesores.

De manera inédita, se quebranta el principio de que los directivos sean egresado del IPN, abriendo con ello la posibilidad de que egresados de otras universidades, incluso privadas, dirijan al Instituto. Sin lugar a dudas, esta posibilidad abre un riesgo para el sistema de convivencia en el Instituto, ya que todos nuestros egresados mantienen el compromiso de respetar la historia y el espíritu fundacional del IPN.

Estimula la intervención de actores externos, sin vínculo con el proyecto histórico del IPN en la vida académica del Instituto.

Los mecanismos de evaluación docente que contempla el anteproyecto de Reglamento Interno no son claros, tanto en su aplicación como en el uso de sus resultados.

Los derechos de participación estudiantil se ven gravemente afectados al limitarles su derecho a voto y eliminando representatividad en los cuerpos de representación, al mismo tiempo que se atenta contra su libertad de expresión.

Se fomenta la vinculación abierta y directa con la iniciativa privada sin especificar de qué manera dicha vinculación fortalecería las actividades sustanciales del Instituto, esto es, la docencia, investigación y divulgación de la ciencia y el desarrollo tecnológico.

El Anteproyecto es convenientemente impreciso en varias de sus modificaciones, especialmente en lo referencia a la docencia, a los derechos estudiantiles, investigación, desarrollo de tecnología y difusión de la cultura.

Las modificaciones y eliminaciones de varios artículos genera que se traicione el principio fundacional del Instituto: colocar a la técnica al servicio de la patria.

Elaborado por: El Grupo Plural de Profesores, Estudiantes y Egresados Comprometidos con el Proyecto Fundacional del IPN impulsamos la Autonomía Democrática en esta noble institución

descargar version pdf: Análisis del Reglamento Interno 2014